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martes, 26 de febrero de 2013

España afronta el reto del «fracking»

Pese al respaldo del Congreso, el gas pizarra se enfrenta a la oposición de diversas comunidades autónomas
Una reciente protesta en Estado Unidos por el impacto mediambiental del «fracking»
El «shale gas» o gas pizarra y su -hoy por hoy, única- técnica de extracción, el «fracking» (fractura hidráulica), han revolucionado el sector energético. EE.UU., país pionero en esta técnica, ha logrado reducir significativamente su factura energética. Incluso, la clase política norteamericana confía en lograr la vieja aspiración de la autosuficiencia, al menos en cuanto a consumo de gas. Sin embargo, en el debate sobre el desarrollo de esta tecnología parece que no existen posiciones intermedias: las fuertes adhesiones que encuentra en la industria y las compañías del ramo tienen su contrapeso en el rechazo que suscita su impacto medioambiental.
El documental «Gasland», ganador en 2010 del premio especial del jurado en el prestigioso festival estadounidense de «Sundance» ha contribuido a forjar su imagen negativa y, probablemente, más popular: uno de los afectados por la contaminación de los acuíferos acerca un mechero al grifo de su cocina y, después de sostenerlo durante unos segundos, el agua finalmente prende y genera una intensa llamarada.
El «fracking», que consiste en la extracción de gas en las rocas poco permeables y compactas (normalmente, arcillosas), mediante la inyección de millones de litros de agua cargada con componentes químicos puede desembocar en la contaminación de los acuíferos subterráneos e, incluso, los suministros de agua potable. Pero los expertos advierten de que se está generalizando una imagen exagerada de esta técnica, segura si se siguen las medidas de prevención.
El presidente del Colegio de Geólogos de España, Luis Suárez, reconoce que la institución ha tardado más de un mes en consensuar una postura al respecto, que se conoció el pasado 18 de febrero. «Estamos a favor del desarrollo económico, pero, por supuesto, protegiendo el medioambiente. Lo que hay que hacer es controlarlo, no dejar a las empresas a su albur. Si los países más avanzados del mundo están desarrollando la fracturación hidráulica no entiendo por qué razón en España nos vamos a oponer radicalmente, sobre todo con una dependencia energética brutal que está condicionando la economía de este país», explica.
En España el aprovisionamiento de gas nacional supone menos de un 0,3% del consumo. La mayor parte, más de un 42%, procede de Argelia. En total, el déficit por la importación de productos energéticos en la balanza comercial se elevó el año pasado hasta los 45.000 millones de euros. Por tanto, ¿puede nuestro país permitirse prescindir de una fuente de energía autóctona, si finalmente se llega a confirmar que los yacimientos de País Vasco, Cantabria, Burgos, Cataluña, Murcia y Andalucía son aptos para la explotación?
Respaldo de los partidos
La semana pasada, el PP, UPyD y CiU rechazaron en el Congreso de los Diputados una iniciativa de Izquierda Plural, que contó con el apoyo del PSOE y la abstención del PNV, para impedir en España la técnica de la fractura hidráulica. La plataforma en defensa de esta tecnología, Shale Gas España, se apresuró a aplaudir la medida, pero la oposición de las comunidades autónomas cuyo subsuelo podría albergar gas pizarra podría obstaculizar los proyectos de investigación.
«El Gobierno de Cantabria está preparando una propuesta de ley para prohibir la utilización de esta técnica. También nos encontramos con recursos en el País Vasco, pero no está claro qué va a ocurrir, porque el Gobierno anterior sí que era favorable al desarrollo de este recurso, pero con el cambio de Gobierno se está esperando a ver cuál es la posición del nuevo Ejecutivo», señala la portavoz de la organización, Mónica Cristina.
El del Congreso de los Diputados es, por tanto, un primer gesto que, de momento, no garantiza el futuro de los procesos que hoy se encuentran en fase embrionaria. Shale Gas España, formada por las principales firmas que participan en esa fase de exploración (BNK España-Trofagás, Heyco Energy Group, Montero Energy y Shesa-Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi), sostiene que la regulación para aprobar la construcción de pozos y la protección del agua y el suelo «ya existe» en España, donde además resulta bastante exhaustiva y «garantista».
La comunidad científica, sin embargo, recalca que la normativa debe abordar de manera diferenciada las posibles consecuencias de cada yacimiento. Por ello, sugiere que los proyectos de investigación y explotación, así como las labores de seguimiento, se realicen por «un equipo de técnicos especialistas» en el medio natural. «Sería interesante establecer una normativa o una guía técnica para realizar estos proyectos y un regulación con una declaración de impacto ambiental», subraya Suárez. 
Publicado en ABC

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