Las Cortes de Aragón rechazaron durante el pleno de ayer prohibir la extracción de gas mediante fracking en la comunidad autónoma. Los votos de los 37 diputados de PP y PAR pusieron fin a cuatro meses de especulaciones e incertidumbre sobre las intenciones que tendría la DGA respecto a esta iniciativa. La voluntad del gobierno autonómico se ha puesto sobre la mesa a raíz de una proposición de ley presentada por el grupo parlamentario de Izquierda Unida para frenar el proyecto de Montero Energy de sondear gas en el Maestrazgo.
Y después de otra votación, esta vez de una proposición no de ley, según la cual las Cortes debían instar al Gobierno de Aragón a declarar la comunidad libre de fracking.
En tres meses, aquellos que votaron que la comunidad debía ser declarada libre de fracking rechazan prohibir esta práctica en todo el territorio. Se posicionan así en el mismo frente que el ministro de Industria, José Manuel Soria, pero en una línea totalmente antagónica de los representantes de los municipios afectados, sean del color que sean.
Javier Oquendo, educador ambiental y miembro del colectivo Sollavientos, ha valorado de «previsible» la votación pero ha recordado que el rechazo al fracking de los alcaldes y vecinos del Maestrazgo «debería hacer reflexionar a las Cortes».
Largo recorrido
La postura declarada por los diputados de PP y PAR durante el pleno de ayer es un golpe hacia los opositores al fracking pero no determina el fin de la movilización ciudadana. Al contrario, la aviva. Así lo confirmó Oquendo ayer, quien avanzó la creación de una plataforma contra esta técnica el próximo 2 de marzo. Se ha convocado a todos los interesados en participar a una reunión en Molinos para articular las actuaciones que se desarrollen en el futuro.
Según el educador ambiental, la posibilidad de que se entreguen permisos de investigación a la empresa gasista «abre las puertas a la explotación ya que se crean derechos sobre el territorio muy difíciles de retirar». Los ciudadanos que se oponen al proyecto encuentran también un firme apoyo en los vecinos de Castellón, provincia incluida en los planes de Montero Energy.
La Generalitat Valenciana ya se mostró receptiva a la iniciativa cuando se solicitaron los permisos. Ahora ratifica su postura a favor de permitir la práctica, si bien es cierto que podría limitar las prospecciones en el litoral.
La Plataforma Antifracking de Castellón critica, sin embargo, el «doble rasero» del gobierno autonómico. La previsible autorización a los sondeos en el norte de la provincia contrastan con la firme oposición que se ha manifestado desde hace más de una década a las investigaciones de hidrocarburos en el Golfo de Valencia.
Y después de otra votación, esta vez de una proposición no de ley, según la cual las Cortes debían instar al Gobierno de Aragón a declarar la comunidad libre de fracking.
En tres meses, aquellos que votaron que la comunidad debía ser declarada libre de fracking rechazan prohibir esta práctica en todo el territorio. Se posicionan así en el mismo frente que el ministro de Industria, José Manuel Soria, pero en una línea totalmente antagónica de los representantes de los municipios afectados, sean del color que sean.
Javier Oquendo, educador ambiental y miembro del colectivo Sollavientos, ha valorado de «previsible» la votación pero ha recordado que el rechazo al fracking de los alcaldes y vecinos del Maestrazgo «debería hacer reflexionar a las Cortes».
Largo recorrido
La postura declarada por los diputados de PP y PAR durante el pleno de ayer es un golpe hacia los opositores al fracking pero no determina el fin de la movilización ciudadana. Al contrario, la aviva. Así lo confirmó Oquendo ayer, quien avanzó la creación de una plataforma contra esta técnica el próximo 2 de marzo. Se ha convocado a todos los interesados en participar a una reunión en Molinos para articular las actuaciones que se desarrollen en el futuro.
Según el educador ambiental, la posibilidad de que se entreguen permisos de investigación a la empresa gasista «abre las puertas a la explotación ya que se crean derechos sobre el territorio muy difíciles de retirar». Los ciudadanos que se oponen al proyecto encuentran también un firme apoyo en los vecinos de Castellón, provincia incluida en los planes de Montero Energy.
La Generalitat Valenciana ya se mostró receptiva a la iniciativa cuando se solicitaron los permisos. Ahora ratifica su postura a favor de permitir la práctica, si bien es cierto que podría limitar las prospecciones en el litoral.
La Plataforma Antifracking de Castellón critica, sin embargo, el «doble rasero» del gobierno autonómico. La previsible autorización a los sondeos en el norte de la provincia contrastan con la firme oposición que se ha manifestado desde hace más de una década a las investigaciones de hidrocarburos en el Golfo de Valencia.
Publicado en La Comarca
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