A punto de decaer la ILP sobre el ‘fracking’ en el Parlamento Vasco

La iniciativa legislativa popular (ILP) presentada en el Parlamento Vasco para prohibir el ‘fracking’ está a punto de decaer definitivamente. La Mesa impidió iniciar su tramitación porque ya se estaba debatiendo en la Cámara otra proposición de ley sobre esta misma cuestión y ayer la Junta de Portavoces, con el voto de PNV y PP, rechazó el recurso de EH Bildu para que se reconsiderara esta decisión. Sólo queda un último pronunciamiento de la Mesa, pero ahí también tienen mayoría suficiente estos dos partidos y todo apunta que el texto se quedará en el cajón.

La ILP, impulsada por la plataforma ‘Fracking ez Araba’, pretendía paralizar los planes del ‘lobby’ energético de explorar el subsuelo de Álava para extraer gas no convencional mediante la polémica técnica conocida como fractura hidráulica o ‘fracking’.

La Mesa, con una ley de 1986 en la mano, decidió no admitir esta propuesta porque no es posible tramitar al mismo tiempo dos proposiciones de ley sobre una misma materia. Y es que ya está en marcha en el Parlamento una modificación de la Ley de Conservación de la Naturaleza propuesta por las Juntas Generales de Álava.

Sin embargo, se da la circunstancia de que la fórmula propuesta por las Juntas Generales en la que ya trabaja el Parlamento es manifiestamente inconstitucional, como ha reconocido el propio Gobierno del PNV, pese a lo cual el partido dio luz verde a la tramitación. Hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que así lo corrobora.

De hecho, una previsión similar introducida en 2010 en esa Ley de Conservación de la Naturaleza para preservar el entorno natural ante la extracción de áridos ha supuesto un verdadero agujero económico a la Administración.

Aquella prohibición no pudo resultar más contraproducente. El Superior, en un litigio judicial cuya sentencia se conoció en octubre de 2011, dio la razón a la compañía que explota la cantera de Zalloventa, en Mañaria (Bizkaia), y obligó al Gobierno vasco a abonarle 9,2 millones de euros en concepto de daños y perjuicios.

Según los datos que facilitó Medio Ambiente el año pasado, el Ejecutivo tenía pendientes también otros tres litigios por las limitaciones que introdujo la Ley de Conservación de la Naturaleza. Están en juego indemnizaciones por valor de unos 22 millones de euros: Zalloventa reclama otros 4,2 millones, Peña Forua 14,2 y Micronizados Naturales, finalmente, 4,15.

Publicado en El Mundo