El Gobierno impondrá la obligación de someterse a Evaluación de Impacto Ambiental a todos los proyectos de investigación y extracción de gas que requieran la utilización de técnicas de fracturación hidráulica, conocidas como fracking. Esta modificación legislativa forma parte del Anteproyecto de ley que introducirá competencia y reforzará la seguridad de los sistemas eléctricos insulares y extra peninsulares, que el Consejo de Ministros conoció el pasado 1 de marzo por un informe del ministro de Industria, José Manuel Soria.
El procedimiento de impacto ambiental comporta el mayor nivel de exigencia medioambiental a todos los proyectos de este controvertido método de extracción de gas que ha motivado una gran polémica ciudadana y política en las comunidades donde se ha puesto en marcha o proyectado. Incluye estudios exhaustivos previos y de seguimiento y control, el trámite de información pública y la evaluación final que realiza la autoridad medioambiental correspondiente.
La decisión del Gobierno es que la técnica del fracking, basada en la fragmentación de rocas pizarrosas para liberar el gas que contienen mediante la inyección profunda de flujos de arenas, productos químicos y agua a presión, se incluya en el ámbito objetivo de la Ley del Sector de Hidrocarburos, del 7 de octubre de 1998.
El anteproyecto de ley incluye ahora estas “medidas para reforzar el seguimiento y control de la investigación de recursos de hidrocarburos no convencionales”, después de que en los últimos dos meses, el Gobierno haya rechazado en el Congreso de los Diputados la solicitud de una moratoria y de la prohibición de las prospecciones, realizadas por los diputados de La Izquierda Plural.
El ministro argumentó en diciembre a la interpelación de Chesús Yuste (CHA-La Izquierda Plural) que no se pueden prohibir genéricamente todas las exploraciones y proyectos. “Lo que hay que hacer es ser enormemente exigentes” con cada proyecto, ratificó José Flores, portavoz del PP, para justificar la oposición a la moción de la Izquierda Plural, rechazada el 14 de febrero pasado.
La postura del Gobierno coincide con la recomendación que el 28 de junio hacia la Comisión Europea para que "los proyectos de hidrocarburos convencionales, incluidos los de prospección y exploración, estarían sujetos a una evaluación de impacto ambiental (EIA) si no puede confirmarse, a la luz de una información objetiva, que no van a tener repercusiones ambientales importantes".
Esta declaración de las autoridades europeas había sido recogida por los movimientos ciudadanos que se oponen a la concesión de permisos de investigación presentados por varias empresas españolas y multinacionales principalmente en el norte de España.
Pero también los gobiernos autonómicos, varios de ellos del Partido Popular, se han opuesto al fracking y han expresado la necesidad legal de realizar estudios de impacto ambiental completos sobre el conjunto de permisos de investigación presentados por las empresas y no de pozos concretos.
La exigencia de Evaluación de Impacto Ambiental supone que las autorizaciones para los permisos de investigación y explotación pasen a manos del ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. La Ley de Evaluación de Impacto Ambiental aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero establece que es el ministerio el órgano ambiental que evalúa una serie de proyectos entre los que se incluyen la minería subterránea, las actividades extractivas de petróleo y gas natural con fines comerciales, y las perforaciones en profundidad.
En los últimos meses, cuatro comunidades autónomas gobernadas por el PP en las que se desarrollan proyectos de investigación y explotación mediante fracking han aprobado iniciativas contra esta técnica extractiva.
El 4 de octubre, el gobierno de Cantabria, comunidad con varios proyectos en marcha, anunció la elaboración de un proyecto de ley de prohibición. Las Cortes de Aragón aprobaron el 22 de noviembre una declaración unánime pidiendo al gobierno regional que no autorice proyectos en la materia. El consejo de gobierno de La Rioja ha proclamado su oposición a las solicitudes de autorización que ha recibido. El Parlamento de Galicia ha aprobado una declaración unánime en la que solicita una moratoria de las autorizaciones en tanto se legisla sobre esta técnica.
También la Junta General del Principado de Asturias, con solo una abstención, ha pedido una legislación prohibicionista. Y el Parlamento Vasco debate estos días una proposición de ley de las Juntas Generales de Álava para prohibir el fracking en espacios naturales protegidos por medio de una reforma de la ley de conservación del País Vasco.
* Este artículo ha sido escrito por Parlamenta y reproducido integralmente con su permiso. El texto original puede consultarse en el siguiente enlace. Sobre Parlamenta: "La letra pequeña de las nuevas leyes y el sentido de sus cláusulas y enmiendas tardan a menudo en aflorar debido a la complejidad de los textos y trámites parlamentarios. Parlamenta analiza las implicaciones para catorce sectores sociales, informa de manera rápida y exacta mediante un sistema de alertas personalizadas, e incorpora la opinión y respuesta de los afectados". Más información en www.parlamenta.es.
El procedimiento de impacto ambiental comporta el mayor nivel de exigencia medioambiental a todos los proyectos de este controvertido método de extracción de gas que ha motivado una gran polémica ciudadana y política en las comunidades donde se ha puesto en marcha o proyectado. Incluye estudios exhaustivos previos y de seguimiento y control, el trámite de información pública y la evaluación final que realiza la autoridad medioambiental correspondiente.
La decisión del Gobierno es que la técnica del fracking, basada en la fragmentación de rocas pizarrosas para liberar el gas que contienen mediante la inyección profunda de flujos de arenas, productos químicos y agua a presión, se incluya en el ámbito objetivo de la Ley del Sector de Hidrocarburos, del 7 de octubre de 1998.
El anteproyecto de ley incluye ahora estas “medidas para reforzar el seguimiento y control de la investigación de recursos de hidrocarburos no convencionales”, después de que en los últimos dos meses, el Gobierno haya rechazado en el Congreso de los Diputados la solicitud de una moratoria y de la prohibición de las prospecciones, realizadas por los diputados de La Izquierda Plural.
El ministro argumentó en diciembre a la interpelación de Chesús Yuste (CHA-La Izquierda Plural) que no se pueden prohibir genéricamente todas las exploraciones y proyectos. “Lo que hay que hacer es ser enormemente exigentes” con cada proyecto, ratificó José Flores, portavoz del PP, para justificar la oposición a la moción de la Izquierda Plural, rechazada el 14 de febrero pasado.
La postura del Gobierno coincide con la recomendación que el 28 de junio hacia la Comisión Europea para que "los proyectos de hidrocarburos convencionales, incluidos los de prospección y exploración, estarían sujetos a una evaluación de impacto ambiental (EIA) si no puede confirmarse, a la luz de una información objetiva, que no van a tener repercusiones ambientales importantes".
Esta declaración de las autoridades europeas había sido recogida por los movimientos ciudadanos que se oponen a la concesión de permisos de investigación presentados por varias empresas españolas y multinacionales principalmente en el norte de España.
Pero también los gobiernos autonómicos, varios de ellos del Partido Popular, se han opuesto al fracking y han expresado la necesidad legal de realizar estudios de impacto ambiental completos sobre el conjunto de permisos de investigación presentados por las empresas y no de pozos concretos.
La exigencia de Evaluación de Impacto Ambiental supone que las autorizaciones para los permisos de investigación y explotación pasen a manos del ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. La Ley de Evaluación de Impacto Ambiental aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero establece que es el ministerio el órgano ambiental que evalúa una serie de proyectos entre los que se incluyen la minería subterránea, las actividades extractivas de petróleo y gas natural con fines comerciales, y las perforaciones en profundidad.
En los últimos meses, cuatro comunidades autónomas gobernadas por el PP en las que se desarrollan proyectos de investigación y explotación mediante fracking han aprobado iniciativas contra esta técnica extractiva.
El 4 de octubre, el gobierno de Cantabria, comunidad con varios proyectos en marcha, anunció la elaboración de un proyecto de ley de prohibición. Las Cortes de Aragón aprobaron el 22 de noviembre una declaración unánime pidiendo al gobierno regional que no autorice proyectos en la materia. El consejo de gobierno de La Rioja ha proclamado su oposición a las solicitudes de autorización que ha recibido. El Parlamento de Galicia ha aprobado una declaración unánime en la que solicita una moratoria de las autorizaciones en tanto se legisla sobre esta técnica.
También la Junta General del Principado de Asturias, con solo una abstención, ha pedido una legislación prohibicionista. Y el Parlamento Vasco debate estos días una proposición de ley de las Juntas Generales de Álava para prohibir el fracking en espacios naturales protegidos por medio de una reforma de la ley de conservación del País Vasco.
* Este artículo ha sido escrito por Parlamenta y reproducido integralmente con su permiso. El texto original puede consultarse en el siguiente enlace. Sobre Parlamenta: "La letra pequeña de las nuevas leyes y el sentido de sus cláusulas y enmiendas tardan a menudo en aflorar debido a la complejidad de los textos y trámites parlamentarios. Parlamenta analiza las implicaciones para catorce sectores sociales, informa de manera rápida y exacta mediante un sistema de alertas personalizadas, e incorpora la opinión y respuesta de los afectados". Más información en www.parlamenta.es.
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