La revolución que promete cambiar el mapa energético mundial ya está en marcha. Las enormes reservas de hidrocarburos no convencionales y las nuevas tecnologías que permiten explotarlos de forma más barata harán de Estados Unidos el mayor productor mundial de gas en 2015 y de petróleo en 2017. España no llega a tanto, ni de lejos, pero sus reservas de shale gas se han convertido en un jugoso botín para muchas empresas deseosas de extraerlo.
El Gobierno y el sector energético buscan impulsar el nuevo negocio, pero se encuentran con una contestación ciudadana azuzada desde los grupos ecologistas, que alertan de los múltiples riesgos para el medio ambiente y para la salud de las personas derivados de las técnicas de extracción del denominado gas pizarra. Y es que su explotación se hace a través de la polémica fracturación hidráulica (fracking, en inglés), que implica romper la roca inyectando agua y productos químicos a altísima presión ¿Tiene España un verdadero tesoro energético bajo tierra? ¿Puede permitirse un país en recesión y con total dependencia energética no aprovechar ese botín? Y si lo hace, ¿qué riesgos están dispuestos a asumir los ciudadanos? ¿El beneficio económico compensaría los presuntos peligros que habría que correr?
Una gran batalla para ganarse a las autoridades y a la opinión pública ha empezado en España. El maximalismo de los argumentarios de ambos 'bandos' (de la inocuidad total al peligro insoportable) hace difícil tomar posición de forma consciente y al margen de verdades absolutas preconcebidas. Éstas son algunas claves para no perderse en la lucha dialéctica entre críticos y defensores, entre los que ven en este negocio un riesgo inasumible y los que lo entienden como una oportunidad de futuro que España no puede desaprovechar.
¿Qué son el gas no convencional y el fracking?
El gas no convencional (también denominado gas pizarra o gas de esquisto oshale gas, en inglés) es simplemente gas natural, con la misma composición que el que se utiliza para uso doméstico habitualmente. Lo que no es convencional es la forma en que hay que extraerlo. El shale gas se encuentra atrapado en rocas que tienen poca permeabilidad, que al ser poco porosas impiden que se concentre en grandes bolsas. Estos hidrocarburos se encuentran diseminados, dispersos en pequeñas burbujas, y para extraerlos es necesario romper la roca.
La técnica habitual para romper la roca y poder capturar el gas es la fracturación hidráulica (el famoso fracking). El gas se encuentra atrapado a alta profundidad, por lo general en capas de pizarra ubicadas entre 400 y 5.000 metros bajo la superficie. Una vez que se alcanza la capa de pizarra con un pozo vertical, se realiza una perforación horizontal que tiene de media una longitud de 1,5 kilómetros.
A lo largo de la perforación horizontal que atraviesa la capa de pizarra se realizan pequeñas explosiones controladas para provocar en la roca pequeñas fracturas. Entonces se inyectan entre 10.000 y 30.000 metros cúbicos de agua, arena y aditivos químicos a altísima presión para romper aún más la roca y permitir que se libere el gas. Un gas que sube a la superficie junto al agua y los productos químicos, y allí se separan y se recupera el hidrocarburo.
Los peligros que denuncian los críticos
Grupos ecologistas, plataformas cívicas, sindicatos y algunos partidos de izquierda encabezan en España el bando crítico con el fracking, subrayando los riesgos que su utilización conlleva (o podría conllevar) para el medio ambiente y para la salud de las personas [ver informes de Greenpeace, de Ecologistas en Acción y de CCOO]. Las posturas de los detractores oscilan entre la pura prohibición y la apuesta por la moratoria a la espera de que los estudios científicos disipen las dudas. El escenario que se plantea desde las posiciones de rechazo resulta más que preocupante y la lista de posibles peligros es amplísima: la utilización de productos tóxicos amenazan la contaminación de los acuíferos colindantes a la zona de explotación, existe riesgo de contaminación del aire, posible emisión de gases de efecto invernadero, acentuación del riesgo de movimientos sísmicos, uso excesivo de agua...
El cóctel que se inyecta a alta presión en la roca es en un 99,5% agua y arena, pero la gran preocupación surge en torno a los componentes químicos que representan el otro 0,5%. El sector energético ha impuesto el secretismo sobre la lista de aditivos químicos. Según un informe del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos las compañías emplean 750 compuestos químicos, de los que 650 contienen elementos clasificados como cancerígenos o contaminantes para el aire y el agua. Otro estudio, éste de la organización The Endocrine Disruption Exchange, analiza las 362 sustancias claramente identificadas y alerta de que el 25% puede causar cáncer y mutaciones, el 37% podría afectar al sistema endocrino, más del 50% causarían daños en el sistema nervioso y casi el 40% provocan alergias.
Los grupos ecologistas denuncian que la utilización de estos productos tóxicos y la liberación de gas metano ponen en peligro la salubridad de los acuíferos, contaminan las tierras en que se utilizan al no subir a superficie toda el agua utilizada, e incluso el fluido residual que sube a superficie emitiría gases tóxicos (fundamentalmente benceno). En este sentido, se han hecho famosas las imágenes del documental Gasland en que un vecino de Colorado (EEUU) provoca una llamarada al acercar un mechero a su grifo, supuestamente por la presencia de metano en el agua [ver el tráiler del documental, de 2010].
Los detractores alertan igualmente del riesgo de fugas de gas metano a la atmósfera, que cuya capacidad como gas de efecto invernadero es 25 veces superior a la del dióxido de carbono. En paralelo, los críticos advierten de que la inyección de miles de litros de agua a altísima presión podría tener un impacto directo en elevar la posibilidad de movimientos sísmicos, además de suponer un consumo excesivo de agua dulce.
Los defensores garantizan seguridad y respeto medioambiental
Los defensores del fracking contraponen mensajes tranquilizadores a cada uno de los riesgos que plantean los críticos. Su principal argumento a favor es económico: España tiene unas enormes reservas de gas y no puede desaprovecharlas un país que importa el 99,5% de sus necesidades de hidrocarburos y que sufre por ello un agujero de 45.000 millones de euros en su balanza comercial. El resto son argumentos de defensa para anular las alarmas (o al menos las dudas razonables suscitadas) que han hecho saltar los grupos ecologistas. La labor de defensa del fracking en España se articula en torno a la nueva plataforma Shale Gas España, un lobby impulsado por las compañías del sector que cuentan con más permisos de exploración.
Las empresas aseguran que las probabilidades de contaminación de los acuíferos son mínimas porque los pozos se aíslan con una doble barrera protectora de acero y cemento, porque no se realiza la fracturación hidráulica hasta superar pruebas de estanqueidad de las perforaciones y, además, porque la fracturación se realiza miles de metros por debajo del nivel donde se encuentran los acuíferos [ver informes de Shale Gas España]. El sector asegura que las aguas residuales que se recuperan tras el fracking se depositan y tratan en instalaciones que impide que haya contaminación, al tiempo que niega que haya casos que demuestran la contaminación de agua por fugas de metano. De hecho, sobre las polémicas imágenes del agua inflamable que se incluían en Gasland, las empresas subrayan que las autoridades de Colorado determinaron que el metano que contenía el agua era de carácter natural y que no tenía relación con el fracking.
De hecho, las empresas del sector incluso se felicitan por los beneficios medioambientales de su negocio al evitar la emisión de gases de efecto invernadero. La Comisión Europea publicó un informe el pasado julio en que se calcula que la generación eléctrica a partir del shale gas reducía las emisiones entre un 41% y el 49% en relación a las generadas por las centrales de carbón [links a varios informes de la Comisión Europea]. Y la Agencia Internacional de la Energía (AIE) subraya que el auge del gas pizarra en Estados Unidos ha coincidido con un recorte de 450 millones de toneladas en las emisiones de CO2 en los últimos cinco años.
Las dudas surgen por el insistente oscurantismo del sector sobre los productos químicos utilizados para realizar la fracturación. Las empresas no hacen pública la composición de los aditivos, tan sólo subrayan que facilitan la información a las autoridades y a las personas afectadas por cada pozo. Y la plataforma Shale Gas España cuestiona el impacto subrayando que por lo general los compuestos se limitan a entre un 0,1 y un 0,5% del fluido inyectado; niega que sean cientos de sustancias y subrayan que tan sólo son una docena de aditivos, que estarían "presentes en productos de limpieza del hogar o son utilizados por la industria alimentaria".
En paralelo, Shale Gas España subraya que, aunque parezcan exageradas las cantidades de agua que se utilizan para la fracturación (entre 10.000 y 30.000 metros cúbicos), esas cifras son las equivalentes al agua utilizadas durante apenas 22 días para regar un campo de golf. Asimismo, el lobby niega que el fracking acentúe el riesgo sísmico: la fracturación se ha utilizado ya en todo el mundo para explotar más de dos millones de pozos y sólo se han registrado dos terremotos vinculados a la actividad, ambos en Reino Unido y fueron de 1,5 y 2,4 grados en la escala de Richter. Según subraya la plataforma, los movimientos sísmicos por debajo de los 3 grados son imperceptibles para el ser humano y en España se producirían seísmos de esta magnitud cada quince horas.
Una revolución mundial que llega a España
El combate dialéctico entre protagonistas y lobbies de uno y otro bando es la faceta más visible de la batalla por el fracking. Pero sobre el terreno las empresas energéticas cuentan ya con 70 permisos de exploración para determinar la existencia (o no) del gigantesco botín del que muchos hablan, y hay otras 75 peticiones pendientes de autorización. Las licencias son de momento sólo de exploración (esto es importante) y las compañías tendrán que disponer de un nuevo permiso para la explotación y extracción del gas y el petróleo. Desde el Gobierno se subraya, para calmar los ánimos, que la extracción no comenzaría en ningún caso antes de dos años. El sector incluso es más conservador y augura que la explotación se hará esperar hasta al menos tres o cuatro años.
El interés exploratorio de las empresas se concentra, muy especialmente, en Cantabria, País Vasco y norte de Castilla y León, aunque también hay permisos concedidos o en tramitación en Andalucía, Aragón, Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana... En las últimas semanas varios informes han tratado de cuantificar la dimensión de las reservas españolas de hidrocarburos no convencionales. Y las cifras, incluso las más conservadoras, impresionan.
El Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas calcula que las reservas de gas pizarra serían suficientes para cubrir el consumo total de España durante 39 años si se mantuviera en niveles actuales [ver informe]. Las estimaciones de las empresas del sector son mucho más optimistas. La Asociación Española de Compañías de Investigación, Exploración y Producción de Hidrocarburos y Almacenamiento Subterráneo (Aciep) va más allá y eleva el volumen de las reservas de gas hasta 70 años de consumo, además de cifrar los recursos de petróleo en el 20% del consumo durante dos décadas. La patronal del sector valora en 700.000 millones de euros las reservas de gas y en 150.000 millones las de crudo.
Las administraciones regionales y municipales están adoptando una posición de cautela extrema ante el fenómeno. Varios de los municipios que podrían albergar gas de esquisto se han declarado 'zona libre de fracking' y varios ejecutivos y cámaras autonómicos se han posicionado en contra de la fracturación, incluso en regiones gobernadas holgadamente por el Partido Popular. El Gobierno de Cantabria prepara un proyecto de ley para prohibir esta técnica, el Ejecutivo de La Rioja ha rechazado las solicitudes de exploración que ha recibido, las Cortes de Aragón aprobaron por unanimidad una declaración en contra de la autorización de estos proyectos, el Parlamento de Galicia ha mostrado su apoyo a aprobar una moratoria, el Parlamento asturiano ha solicitado la prohibición del fracking... Entretanto, el Gobierno central se muestra proclive a autorizar proyectos de fracturación hidráulica, pero apostando por extremar las cautelas y las medidas de seguridad.
Los cambios normativos que prepara el Gobierno
En Estados Unidos se vive un auténtico boom del fracking, con decenas de miles de pozos en explotación y el país camino de volver a ser una potencia energética global. En Europa la postura general es la de la cautela ante el nuevo El Dorado: Francia, Rumanía, Bulgaria o República Checa han aplicado moratorias para su utilización. El Gobierno español, en cambio, parece decidido a permitir la fracturación hidráulica, pero insiste en que su posición es la de aplicar exigencias medioambientales rigurosas para garantizar la seguridad para el territorio y las personas. El Congreso tumbó (con los votos de PP, UPyD y CiU) el pasado febrero una proposición de la Izquierda Plural para prohibir el fracking en España. Será con garantías, pero parece que será...
El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha expresado en repetidas ocasiones el interés del Gobierno en que España no pierda el tren del gas no convencional. El ministro no oculta que la técnica puede tener riesgos adicionales en relación a otros tipos de energía, pero entiende que regulando las exigencias medioambientales y de salud pública el fracking será una realidad en España a medio plazo. La máxima de Soria pasa por admitir riesgos específicos, pero que serían controlados con las cautelas normativas necesarias. Y en ello está.
Industria aprovechó un proyecto de ley sobre impulsar la competencia en los sistemas eléctricos insulares, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 1 de marzo, para incluir un apartado sobre los hidrocarburos no convencionales. En la norma, ahora en tramitación parlamentaria, se establece que los proyectos que utilicen fracturación hidráulica deberán superar un expediente de evaluación de impacto ambiental. Una medida con la que el Ejecutivo parecía querer tranquilizar a las administraciones regionales y municipales que han mostrado su inquietud sobre los peligros del fracking.
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| Proyecto de explotación de 'fracking' en Dakota del Norte. |
El Gobierno y el sector energético buscan impulsar el nuevo negocio, pero se encuentran con una contestación ciudadana azuzada desde los grupos ecologistas, que alertan de los múltiples riesgos para el medio ambiente y para la salud de las personas derivados de las técnicas de extracción del denominado gas pizarra. Y es que su explotación se hace a través de la polémica fracturación hidráulica (fracking, en inglés), que implica romper la roca inyectando agua y productos químicos a altísima presión ¿Tiene España un verdadero tesoro energético bajo tierra? ¿Puede permitirse un país en recesión y con total dependencia energética no aprovechar ese botín? Y si lo hace, ¿qué riesgos están dispuestos a asumir los ciudadanos? ¿El beneficio económico compensaría los presuntos peligros que habría que correr?
Una gran batalla para ganarse a las autoridades y a la opinión pública ha empezado en España. El maximalismo de los argumentarios de ambos 'bandos' (de la inocuidad total al peligro insoportable) hace difícil tomar posición de forma consciente y al margen de verdades absolutas preconcebidas. Éstas son algunas claves para no perderse en la lucha dialéctica entre críticos y defensores, entre los que ven en este negocio un riesgo inasumible y los que lo entienden como una oportunidad de futuro que España no puede desaprovechar.
¿Qué son el gas no convencional y el fracking?
El gas no convencional (también denominado gas pizarra o gas de esquisto oshale gas, en inglés) es simplemente gas natural, con la misma composición que el que se utiliza para uso doméstico habitualmente. Lo que no es convencional es la forma en que hay que extraerlo. El shale gas se encuentra atrapado en rocas que tienen poca permeabilidad, que al ser poco porosas impiden que se concentre en grandes bolsas. Estos hidrocarburos se encuentran diseminados, dispersos en pequeñas burbujas, y para extraerlos es necesario romper la roca.
La técnica habitual para romper la roca y poder capturar el gas es la fracturación hidráulica (el famoso fracking). El gas se encuentra atrapado a alta profundidad, por lo general en capas de pizarra ubicadas entre 400 y 5.000 metros bajo la superficie. Una vez que se alcanza la capa de pizarra con un pozo vertical, se realiza una perforación horizontal que tiene de media una longitud de 1,5 kilómetros.
A lo largo de la perforación horizontal que atraviesa la capa de pizarra se realizan pequeñas explosiones controladas para provocar en la roca pequeñas fracturas. Entonces se inyectan entre 10.000 y 30.000 metros cúbicos de agua, arena y aditivos químicos a altísima presión para romper aún más la roca y permitir que se libere el gas. Un gas que sube a la superficie junto al agua y los productos químicos, y allí se separan y se recupera el hidrocarburo.
Los peligros que denuncian los críticos
Grupos ecologistas, plataformas cívicas, sindicatos y algunos partidos de izquierda encabezan en España el bando crítico con el fracking, subrayando los riesgos que su utilización conlleva (o podría conllevar) para el medio ambiente y para la salud de las personas [ver informes de Greenpeace, de Ecologistas en Acción y de CCOO]. Las posturas de los detractores oscilan entre la pura prohibición y la apuesta por la moratoria a la espera de que los estudios científicos disipen las dudas. El escenario que se plantea desde las posiciones de rechazo resulta más que preocupante y la lista de posibles peligros es amplísima: la utilización de productos tóxicos amenazan la contaminación de los acuíferos colindantes a la zona de explotación, existe riesgo de contaminación del aire, posible emisión de gases de efecto invernadero, acentuación del riesgo de movimientos sísmicos, uso excesivo de agua...
El cóctel que se inyecta a alta presión en la roca es en un 99,5% agua y arena, pero la gran preocupación surge en torno a los componentes químicos que representan el otro 0,5%. El sector energético ha impuesto el secretismo sobre la lista de aditivos químicos. Según un informe del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos las compañías emplean 750 compuestos químicos, de los que 650 contienen elementos clasificados como cancerígenos o contaminantes para el aire y el agua. Otro estudio, éste de la organización The Endocrine Disruption Exchange, analiza las 362 sustancias claramente identificadas y alerta de que el 25% puede causar cáncer y mutaciones, el 37% podría afectar al sistema endocrino, más del 50% causarían daños en el sistema nervioso y casi el 40% provocan alergias.
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| Fotograma del documental Gasland que muestra agua inflamable por contaminación con metano, en Colorado (EEUU). |
Los detractores alertan igualmente del riesgo de fugas de gas metano a la atmósfera, que cuya capacidad como gas de efecto invernadero es 25 veces superior a la del dióxido de carbono. En paralelo, los críticos advierten de que la inyección de miles de litros de agua a altísima presión podría tener un impacto directo en elevar la posibilidad de movimientos sísmicos, además de suponer un consumo excesivo de agua dulce.
Los defensores garantizan seguridad y respeto medioambiental
Los defensores del fracking contraponen mensajes tranquilizadores a cada uno de los riesgos que plantean los críticos. Su principal argumento a favor es económico: España tiene unas enormes reservas de gas y no puede desaprovecharlas un país que importa el 99,5% de sus necesidades de hidrocarburos y que sufre por ello un agujero de 45.000 millones de euros en su balanza comercial. El resto son argumentos de defensa para anular las alarmas (o al menos las dudas razonables suscitadas) que han hecho saltar los grupos ecologistas. La labor de defensa del fracking en España se articula en torno a la nueva plataforma Shale Gas España, un lobby impulsado por las compañías del sector que cuentan con más permisos de exploración.
Las empresas aseguran que las probabilidades de contaminación de los acuíferos son mínimas porque los pozos se aíslan con una doble barrera protectora de acero y cemento, porque no se realiza la fracturación hidráulica hasta superar pruebas de estanqueidad de las perforaciones y, además, porque la fracturación se realiza miles de metros por debajo del nivel donde se encuentran los acuíferos [ver informes de Shale Gas España]. El sector asegura que las aguas residuales que se recuperan tras el fracking se depositan y tratan en instalaciones que impide que haya contaminación, al tiempo que niega que haya casos que demuestran la contaminación de agua por fugas de metano. De hecho, sobre las polémicas imágenes del agua inflamable que se incluían en Gasland, las empresas subrayan que las autoridades de Colorado determinaron que el metano que contenía el agua era de carácter natural y que no tenía relación con el fracking.
De hecho, las empresas del sector incluso se felicitan por los beneficios medioambientales de su negocio al evitar la emisión de gases de efecto invernadero. La Comisión Europea publicó un informe el pasado julio en que se calcula que la generación eléctrica a partir del shale gas reducía las emisiones entre un 41% y el 49% en relación a las generadas por las centrales de carbón [links a varios informes de la Comisión Europea]. Y la Agencia Internacional de la Energía (AIE) subraya que el auge del gas pizarra en Estados Unidos ha coincidido con un recorte de 450 millones de toneladas en las emisiones de CO2 en los últimos cinco años.
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| El ministro de Industria, José Manuel Soria, es proclive a permitir el fracking pero reforzando las exigencias medioambientales. |
En paralelo, Shale Gas España subraya que, aunque parezcan exageradas las cantidades de agua que se utilizan para la fracturación (entre 10.000 y 30.000 metros cúbicos), esas cifras son las equivalentes al agua utilizadas durante apenas 22 días para regar un campo de golf. Asimismo, el lobby niega que el fracking acentúe el riesgo sísmico: la fracturación se ha utilizado ya en todo el mundo para explotar más de dos millones de pozos y sólo se han registrado dos terremotos vinculados a la actividad, ambos en Reino Unido y fueron de 1,5 y 2,4 grados en la escala de Richter. Según subraya la plataforma, los movimientos sísmicos por debajo de los 3 grados son imperceptibles para el ser humano y en España se producirían seísmos de esta magnitud cada quince horas.
Una revolución mundial que llega a España
El combate dialéctico entre protagonistas y lobbies de uno y otro bando es la faceta más visible de la batalla por el fracking. Pero sobre el terreno las empresas energéticas cuentan ya con 70 permisos de exploración para determinar la existencia (o no) del gigantesco botín del que muchos hablan, y hay otras 75 peticiones pendientes de autorización. Las licencias son de momento sólo de exploración (esto es importante) y las compañías tendrán que disponer de un nuevo permiso para la explotación y extracción del gas y el petróleo. Desde el Gobierno se subraya, para calmar los ánimos, que la extracción no comenzaría en ningún caso antes de dos años. El sector incluso es más conservador y augura que la explotación se hará esperar hasta al menos tres o cuatro años.
El interés exploratorio de las empresas se concentra, muy especialmente, en Cantabria, País Vasco y norte de Castilla y León, aunque también hay permisos concedidos o en tramitación en Andalucía, Aragón, Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana... En las últimas semanas varios informes han tratado de cuantificar la dimensión de las reservas españolas de hidrocarburos no convencionales. Y las cifras, incluso las más conservadoras, impresionan.
El Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas calcula que las reservas de gas pizarra serían suficientes para cubrir el consumo total de España durante 39 años si se mantuviera en niveles actuales [ver informe]. Las estimaciones de las empresas del sector son mucho más optimistas. La Asociación Española de Compañías de Investigación, Exploración y Producción de Hidrocarburos y Almacenamiento Subterráneo (Aciep) va más allá y eleva el volumen de las reservas de gas hasta 70 años de consumo, además de cifrar los recursos de petróleo en el 20% del consumo durante dos décadas. La patronal del sector valora en 700.000 millones de euros las reservas de gas y en 150.000 millones las de crudo.
Las administraciones regionales y municipales están adoptando una posición de cautela extrema ante el fenómeno. Varios de los municipios que podrían albergar gas de esquisto se han declarado 'zona libre de fracking' y varios ejecutivos y cámaras autonómicos se han posicionado en contra de la fracturación, incluso en regiones gobernadas holgadamente por el Partido Popular. El Gobierno de Cantabria prepara un proyecto de ley para prohibir esta técnica, el Ejecutivo de La Rioja ha rechazado las solicitudes de exploración que ha recibido, las Cortes de Aragón aprobaron por unanimidad una declaración en contra de la autorización de estos proyectos, el Parlamento de Galicia ha mostrado su apoyo a aprobar una moratoria, el Parlamento asturiano ha solicitado la prohibición del fracking... Entretanto, el Gobierno central se muestra proclive a autorizar proyectos de fracturación hidráulica, pero apostando por extremar las cautelas y las medidas de seguridad.
Los cambios normativos que prepara el Gobierno
En Estados Unidos se vive un auténtico boom del fracking, con decenas de miles de pozos en explotación y el país camino de volver a ser una potencia energética global. En Europa la postura general es la de la cautela ante el nuevo El Dorado: Francia, Rumanía, Bulgaria o República Checa han aplicado moratorias para su utilización. El Gobierno español, en cambio, parece decidido a permitir la fracturación hidráulica, pero insiste en que su posición es la de aplicar exigencias medioambientales rigurosas para garantizar la seguridad para el territorio y las personas. El Congreso tumbó (con los votos de PP, UPyD y CiU) el pasado febrero una proposición de la Izquierda Plural para prohibir el fracking en España. Será con garantías, pero parece que será...
El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha expresado en repetidas ocasiones el interés del Gobierno en que España no pierda el tren del gas no convencional. El ministro no oculta que la técnica puede tener riesgos adicionales en relación a otros tipos de energía, pero entiende que regulando las exigencias medioambientales y de salud pública el fracking será una realidad en España a medio plazo. La máxima de Soria pasa por admitir riesgos específicos, pero que serían controlados con las cautelas normativas necesarias. Y en ello está.
Industria aprovechó un proyecto de ley sobre impulsar la competencia en los sistemas eléctricos insulares, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 1 de marzo, para incluir un apartado sobre los hidrocarburos no convencionales. En la norma, ahora en tramitación parlamentaria, se establece que los proyectos que utilicen fracturación hidráulica deberán superar un expediente de evaluación de impacto ambiental. Una medida con la que el Ejecutivo parecía querer tranquilizar a las administraciones regionales y municipales que han mostrado su inquietud sobre los peligros del fracking.
Sin embargo, la exigencia de estas garantías medioambientales para poder lanzar en el futuro proyectos de hidrocarburos no convencionales coincide con la elaboración de otro anteproyecto por parte del Medio Ambiente que podría suavizar las condiciones que se exigen en las evaluaciones de impacto ambiental. Aún no se conocen los detalles de este anteproyecto, pero en los mentideros del sector energético se da por hecho -según han publicado varios medios en los últimos días- que los requerimientos medioambientales se revisarán para reducir las exigencias. Tiempo al tiempo.
Publicado en Expansión.com
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