El Proyecto de Ley para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares ha superado su primer tramite parlamentario. La importancia para el Bajo Aragón Histórico radica en que el documento contiene una disposición adicional que introduce la técnica de la fractura hidráulica entre las pertinentes para extraer hidrocarburos del subsuelo. El PP comienza así a atajar el vacío legal en el que hasta ahora se ha movido el polémico fracknig. La luz verde al proyecto de ley se produjo al rechazarse las enmiendas a la totalidad presentadas por ERC y Coalición Canaria, formaciones integradas en el Grupo Parlamentario Mixto, y de Izquierda Plural. También se ha rechazado el texto alternativo presentado por el Grupo Socialista.
En el articulado, el Gobierno ha incluido la necesidad obligatoria de que todos los proyectos a ejecutar cuenten con una declaración previa de impacto ambiental favorable. Además, se deja abierta la posibilidad de que cada comunidad acepte la técnica en su territorio al mantener su derecho a elegir si aceptar o no permisos de investigación previos a la explotación. Por su parte, los permisos de explotación seguirán siendo competencia estatal.
La postura del Gobierno fue defendida por el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. Señaló que, a su juicio, no hace falta una ley específica de fracking porque la actual normativa protege «suficientemente» el medio ambiente y la salud. No opinó igual Laia Ortiz, portavoz de la Izquierda Plural. A su juicio, el Gobierno debería prohibirlo en lugar de avalar la técnica «por la puerta de atrás» y pretendiendo «maquillarla» con una declaración de impacto ambiental. Carlos Martínez (UPyD) pidió una regulación «rigurosa» porque es una técnica que «provoca recelos». Desde ERC acusaron al Gobierno de «haberse dejado seducir» por los «cantos de sirena» de las empresas. A éstas las acusó de inflar las reservas en el subsuelo entre un 60% y un 200%. Por su parte, José Segura (PSOE), se centró en la legislación sobre la energía en Canarias.
El Proyecto de Ley continuará de este modo su tramitación en la Comisión de Industria, Energía y Turismo, donde se debatirán y votarán las enmiendas al articulado.
En el articulado, el Gobierno ha incluido la necesidad obligatoria de que todos los proyectos a ejecutar cuenten con una declaración previa de impacto ambiental favorable. Además, se deja abierta la posibilidad de que cada comunidad acepte la técnica en su territorio al mantener su derecho a elegir si aceptar o no permisos de investigación previos a la explotación. Por su parte, los permisos de explotación seguirán siendo competencia estatal.
La postura del Gobierno fue defendida por el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. Señaló que, a su juicio, no hace falta una ley específica de fracking porque la actual normativa protege «suficientemente» el medio ambiente y la salud. No opinó igual Laia Ortiz, portavoz de la Izquierda Plural. A su juicio, el Gobierno debería prohibirlo en lugar de avalar la técnica «por la puerta de atrás» y pretendiendo «maquillarla» con una declaración de impacto ambiental. Carlos Martínez (UPyD) pidió una regulación «rigurosa» porque es una técnica que «provoca recelos». Desde ERC acusaron al Gobierno de «haberse dejado seducir» por los «cantos de sirena» de las empresas. A éstas las acusó de inflar las reservas en el subsuelo entre un 60% y un 200%. Por su parte, José Segura (PSOE), se centró en la legislación sobre la energía en Canarias.
El Proyecto de Ley continuará de este modo su tramitación en la Comisión de Industria, Energía y Turismo, donde se debatirán y votarán las enmiendas al articulado.
Fuente: La Comarca
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