- Municipios y consejos comarcales rechazan el ‘fracking’ para explotar yacimientos
- La técnica fractura el subsuelo inyectando agua y productos químicos
- Una empresa pide hacer prospecciones en Osona, la Segarra y el Ripollès
La industria defiende que es la salvación frente a un futuro energético incierto, poco menos que una revolución que facilitará la recuperación económica. Para entidades sociales y ecologistas, sin embargo, no es más que un intento a la desesperada de mantener un modelo obsoleto y un enorme riesgo para el medio ambiente y la salud pública. La polémica sobre la fractura hidráulica, el fracking, una agresiva técnica utilizada para extraer gas no convencional del subsuelo, ha llegado a Cataluña. La empresa Montero Energy Corporation ha solicitado permiso a la Generalitat para iniciar prospecciones en una superficie de 160.000 hectáreas de La Segarra, Osona y la Garrotxa.
- La técnica fractura el subsuelo inyectando agua y productos químicos
- Una empresa pide hacer prospecciones en Osona, la Segarra y el Ripollès
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| Terrenos de la comarca de Osona bajo los que se buscan yacimientos de gas no convencional. / ALBERT ALEMANY |
El fracking se utiliza para obtener gas natural de esquisto a grandes profundidades del subsuelo. La técnica consiste en perforar un pozo a entre dos y cinco kilómetros de profundidad e inyectar a presión enormes volúmenes de agua, arena y productos químicos para fracturar las capas de pizarras y hacer aflorar el gas. El sistema entraña riesgos. “Lo más peligroso es que gran parte de la mezcla líquida no se recupera: o salta a la superficie o se queda en el subsuelo”, afirma Pablo Cotarelo, de Ecologistas en Acción.
La entidad ha presentado una lista de alegaciones, lo mismo que una treintena de otras organizaciones, al Departamento de Empresa y Ocupación de la Generalitat, que deberá decidir si otorga en las próximas semanas un permiso a la empresa para que inicie la prospección en las zonas solicitadas, entre las que hay espacios declarados de interés natural. La controversia se ha instalado en los municipios afectados, 31 solo en la comarca de Osona y unos 80 en total. Allí, el consejo comarcal ha aprobado una resolución en contra de la fractura hidráulica, aunque oficialmente la empresa no ha detallado todavía qué técnica utilizará en la extracción del gas en caso de que considere que la operación es rentable. Lo mismo ha hecho el consejo comarcal de La Garrotxa.
La empresa, filial española de la canadiense R2 Energy creada a finales de 2011, ha presentado 11 solicitudes en toda España para hacer prospecciones en busca de hidrocarburos. El rechazo ha cristalizado en varias comunidades autónomas: el Gobierno de Cantabria tramita su prohibición, mientras que el Parlamento de Aragón y la Diputación de Valladolid se han posicionado en contra. En el resto de Europa países como Francia, Bulgaria, República Checa o varios Estados alemanes han optado por prohibir las prospecciones con esta técnica. Reino Unido, que las había prohibido en 2011, ha vuelto a autorizarlas con la condición de que se efectúen bajo un intenso control sísmico, ya que el Gobierno tuvo que ordenar el cierre de tres pozos tras dos pequeños terremotos relacionados con el fracking en 2011.
Iniciativa per Catalunya (ICV) ya ha anunciado que presentará una proposición de ley para anular los permisos en caso de que se otorguen. “Si se aprueba, será la agresión medioambiental más importante que se haya visto”, criticó Marc Vidal, presidente de la formación en Girona. En Estados Unidos, el único país donde está extendida la fractura hidráulica desde hace algunos años, se han dado casos de contaminación con gas de las conducciones de agua y algunos vecinos han denunciado el peligro prendiendo fuego a las emisiones que salen de los grifos de sus casas. Pero aunque la imagen es muy alarmante, las entidades están más preocupadas por otros peligros.
Una vez realizada la perforación vertical del pozo (que puede alcanzar los 5.000 metros de profundidad), se construye una tubería de acero recubierta de cemento de alrededor de un kilómetro de largo. Es por ella por donde se inyecta agua a presión con gran contenido de productos químicos. Los ecologistas denuncian que solo una pequeña parte del agua inyectada retorna y que el resto se queda bajo tierra, en zonas con presencia de metales pesados, hidrocarburos y elementos radiactivos.
“De los más de 600 componentes químicos que puede llevar la mezcla, solo se conocen 150”, alerta Cotarelo. El almacenaje de los residuos también ha causado problemas en EE UU y no es menor la preocupación por el estrés medioambiental que supone utilizar enormes cantidades de agua para inyectar en el subsuelo, así como por la posible contaminación atmosférica con agentes cancerígenos, como el benceno.
La Plataforma Aturem el Fracking se ha puesto en pie de guerra contra Montero Energy Corporation. “En Osona los acuíferos ya están muy contaminados”, denuncia Sergi Solà, del Grupo de Defensa del Ter. Hay otra queja sobre la actitud de las Administraciones, que las entidades consideran oscurantista. “Se comportan igual que con Eurovegas”, se queja Solà.
El jefe de exploración de la empresa, Rafael López, declaró que Montero Energy Corporation no tiene “nada que esconder” e intentó tranquilizar a los ecologistas. Aunque en EE UU se han cometido verdaderas “barbaridades”, admite, los avances en la técnica permiten hoy unas perforaciones seguras. Montero ha invertido un millón de euros en solicitar los permisos en España.
La Generalitat, que tiene la última palabra sobre los permisos, recuerda que en una primera fase lo que se decide es si la empresa puede o no empezar a “investigar”, lo que implica trabajos de geocartografía y catas “normales”. Tras varios años de investigación que sirven para calcular las reservas de gas, es el Gobierno el que debe conceder un permiso de exploración. En esta primera fase, el Departamento de Empresa y Ocupación se limita a estudiar si la normativa ampara o no conceder un permiso para prospección de hidrocarburos. “No es una patente de corso”, afirmó un portavoz del departamento.
La entidad ha presentado una lista de alegaciones, lo mismo que una treintena de otras organizaciones, al Departamento de Empresa y Ocupación de la Generalitat, que deberá decidir si otorga en las próximas semanas un permiso a la empresa para que inicie la prospección en las zonas solicitadas, entre las que hay espacios declarados de interés natural. La controversia se ha instalado en los municipios afectados, 31 solo en la comarca de Osona y unos 80 en total. Allí, el consejo comarcal ha aprobado una resolución en contra de la fractura hidráulica, aunque oficialmente la empresa no ha detallado todavía qué técnica utilizará en la extracción del gas en caso de que considere que la operación es rentable. Lo mismo ha hecho el consejo comarcal de La Garrotxa.
La empresa, filial española de la canadiense R2 Energy creada a finales de 2011, ha presentado 11 solicitudes en toda España para hacer prospecciones en busca de hidrocarburos. El rechazo ha cristalizado en varias comunidades autónomas: el Gobierno de Cantabria tramita su prohibición, mientras que el Parlamento de Aragón y la Diputación de Valladolid se han posicionado en contra. En el resto de Europa países como Francia, Bulgaria, República Checa o varios Estados alemanes han optado por prohibir las prospecciones con esta técnica. Reino Unido, que las había prohibido en 2011, ha vuelto a autorizarlas con la condición de que se efectúen bajo un intenso control sísmico, ya que el Gobierno tuvo que ordenar el cierre de tres pozos tras dos pequeños terremotos relacionados con el fracking en 2011.
Iniciativa per Catalunya (ICV) ya ha anunciado que presentará una proposición de ley para anular los permisos en caso de que se otorguen. “Si se aprueba, será la agresión medioambiental más importante que se haya visto”, criticó Marc Vidal, presidente de la formación en Girona. En Estados Unidos, el único país donde está extendida la fractura hidráulica desde hace algunos años, se han dado casos de contaminación con gas de las conducciones de agua y algunos vecinos han denunciado el peligro prendiendo fuego a las emisiones que salen de los grifos de sus casas. Pero aunque la imagen es muy alarmante, las entidades están más preocupadas por otros peligros.
Una vez realizada la perforación vertical del pozo (que puede alcanzar los 5.000 metros de profundidad), se construye una tubería de acero recubierta de cemento de alrededor de un kilómetro de largo. Es por ella por donde se inyecta agua a presión con gran contenido de productos químicos. Los ecologistas denuncian que solo una pequeña parte del agua inyectada retorna y que el resto se queda bajo tierra, en zonas con presencia de metales pesados, hidrocarburos y elementos radiactivos.
“De los más de 600 componentes químicos que puede llevar la mezcla, solo se conocen 150”, alerta Cotarelo. El almacenaje de los residuos también ha causado problemas en EE UU y no es menor la preocupación por el estrés medioambiental que supone utilizar enormes cantidades de agua para inyectar en el subsuelo, así como por la posible contaminación atmosférica con agentes cancerígenos, como el benceno.
La Plataforma Aturem el Fracking se ha puesto en pie de guerra contra Montero Energy Corporation. “En Osona los acuíferos ya están muy contaminados”, denuncia Sergi Solà, del Grupo de Defensa del Ter. Hay otra queja sobre la actitud de las Administraciones, que las entidades consideran oscurantista. “Se comportan igual que con Eurovegas”, se queja Solà.
El jefe de exploración de la empresa, Rafael López, declaró que Montero Energy Corporation no tiene “nada que esconder” e intentó tranquilizar a los ecologistas. Aunque en EE UU se han cometido verdaderas “barbaridades”, admite, los avances en la técnica permiten hoy unas perforaciones seguras. Montero ha invertido un millón de euros en solicitar los permisos en España.
La Generalitat, que tiene la última palabra sobre los permisos, recuerda que en una primera fase lo que se decide es si la empresa puede o no empezar a “investigar”, lo que implica trabajos de geocartografía y catas “normales”. Tras varios años de investigación que sirven para calcular las reservas de gas, es el Gobierno el que debe conceder un permiso de exploración. En esta primera fase, el Departamento de Empresa y Ocupación se limita a estudiar si la normativa ampara o no conceder un permiso para prospección de hidrocarburos. “No es una patente de corso”, afirmó un portavoz del departamento.
Pubicado en el Pais
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