PP y UPN votan a favor de la
medida, escondida entre otras leyes, que rechazan los ecologistas por el
supuesto peligro para la salud humana.
La práctica del fracking es tan
polémica que el debate estaba asegurado… hasta que el PP hizo de las
suyas. La discutida práctica de fractura hidráulica para obtener
hidrocarburos recibió ayer la luz verde del Senado a las once de la
noche, con el hemiciclo casi vacío y con la propuesta escondida de
rondón en otra ley. Gracias a los votos del PP y de UPN la medida salió
adelante sin debate alguno.
Esta práctica es muy criticada
por los ecologistas, que creen que no sólo es agresiva para el
medioambiente, sino que también pone en peligro la salud humana por la
posibilidad de contaminar acuíferos y reservas de agua. Desde el sector
de los hidrocarburos defiende que crearía miles de puestos de trabajo y
daría independencia energética al país. El debate está servido… excepto
para los senadores.
“Temerario e irresponsable”
El portavoz parlamentario de
Izquierda Plural, José Luis Centella, ha calificado de “temerario” e
“irresponsable” que se dé luz verde a la técnica de fractura hidráulica
para la obtención de hidrocarburos, incluido el gas natural y ha
advertido de posibles medidas jurídicas contra la ley aprobada por PP y
UPN.
“Nocturnidad y alevosía”
En declaraciones a los
periodistas en el Congreso, Centella ha dicho que su formación “pedirá
cuentas” al PP por la normativa y prevé “llevarla incluso a niveles
jurídicos”. Asimismo, ha advertido que esa permisividad puede afectar al
Parque Nacional de Doñana. “Se antepone el interés de la economía
privada a la seguridad”, ha lamentado Centella, que también ha criticado
que la ley fuera aprobada en la cámara alta en la noche de este
miércoles, “con nocturnidad y cierta alevosía”.
Cantabria y Navarra
La ley aprobada prevé permitir el
fracking cuando los recursos estén entre diversas comunidades. Si sólo
incumbe a una autonomía, dependerá de sus leyes. En Cantabria está
prohibido y en Navarra el Parlamento lo acaba de rechazar, pero sus dos
presidentes, Ignacio Diego (PP) y Yolanda Barcina (UPN), se han mostrado
partidarios de “estudiar” los efectos de esta práctica para ver si
sería prudente revertir sus respectivas prohibiciones regionales.
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