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jueves, 11 de abril de 2013

IU denuncia ante la Comisión Europea las posibles extracciones de gas esquisto mediante fracking en Cádiz

Según informan diferentes fuentes periodísticas, debido a que las oficiales aún no han realizado ningún comunicado público, la compañía estadounidense Scheupebach Energy está mostrando su interés para realizar prospecciones sobre el terreno en la búsqueda de yacimientos de gas de esquisto en la provincia de Cádiz (España).

"La provincia de Cádiz, llena de parques naturales y áreas con diferente grado de protección medioambiental goza de ecosistemas únicos en todo el continente y la mera prospección en busca de estos yacimientos supondrá la contaminación de los acuíferos subterráneos de la zona" afirmó el eurodiputado de Izquierda Unida. Con la gravísima contaminación que la práctica del "fracking" o fractura hidráulica acarrea se destruirían los acuíferos de la provincia afectando a su rica agricultura y ganadería e incluso a la calidad de sus aguas costeras debido a que los productos químicos contaminantes liberados en el subsuelo pueden llegar a alcanzar la costa.
El Gobierno ha autorizado la unificación de los permisos para autorizar la exploración en dos parcelas que suponen 82.000 hectáreas, comprendiendo 3 parques naturales y ricas tierras agrícolas. No se trata de un proyecto nuevo, sino que la citada empresa parece llevar 2 años interesada en dichas explotaciones y cumpliendo tareas administrativas y recopilando datos históricos sobre el suelo. Pero, pese a las informaciones que se van filtrando, el Gobierno parece no hacerse por aludido y se niega a informar a la población potencialmente afectada. La Plataforma Andalucía Libre de Fracking así como el Alcalde de Medina Sidonia, municipio dentro de las zonas afectadas, han denunciado la falta de información con la que las autoridades y colectivos locales son tratados por el Gobierno Central, así como por parte de la empresa interesada. La legislación europea en materia de declaración de impacto ambiental en proyectos como este obliga a los estados miembros a informar debidamente a los ciudadanos durante el proceso y a que cualquier ciudadano afectado pueda hacer alegaciones a los proyectos frente a la administración competente. En el presente proyecto los habitantes han denunciado que no se les ha facilitado información alguna y que el proyecto carece de declaración de impacto ambiental, absolutamente obligatoria para este tipo de explotaciones.
"Tras la interpelación presentada ante la Comisión Europea se espera que el Gobierno se vea obligado a cumplir la legislación e informe a los ciudadanos sobre sus planes de explotación y su impacto en el territorio" sentenció el eurodiputado.
 
 

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